El Concejo Deliberante ordenó la elaboración del primer Digesto Jurídico de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, en la que se controlarán y ordenarán alrededor de 5.400 ordenanzas, resoluciones, decretos y demás disposiciones que datan de 1883. En los próximos días se definirá la metodología de trabajo para esta medida que busca facilitar la accesibilidad a las normas del municipio.

Para dicha tarea, el presidente del cuerpo parlamentario, Fernando Juri, designó a Gustavo Cobos (Unión Cívica Radical), como presidente, y a Alfredo Terán de Zavalía (Fuerza Republicana), como vicepresidente, y a los concejales Ana González (Partido por la Justicia Social); Federico Romano Norri (Unión Cívica Radical) y Facundo Vargas Aignasse (Unión por la Patria) para formar parte de la comisión.

Los ediles contarán con 18 meses para reunir el plexo normativo de la Capital y separar las normas según las que fueron derogadas, las que están en vigencia y las que están en desuso. La primera etapa, según explicó Cobos a LA GACETA, es la de recopilación.

“Hay que juntar todas las ordenanzas, hacer un inventario y empezar a depurarlas. San Miguel de Tucumán fue creado en 1883; estamos hablando de más de 140 años de dictado de ordenanzas, por lo que a muchas de ellas hay que encontrarlas primero”, advirtió.

El radical habló de una “labor histórica muy fuerte” en la que intervendrá el Ejecutivo municipal y que también contará con la colaboración de universidades e instituciones educativas. “En la segunda etapa debemos unificar las que se refieren al mismo tema: cuáles están vigentes, cuáles tratan de lo mismo y demás”, siguió Cobos.

Finalmente, los concejales aprobarán en sesión el conjunto de normas actualizado, ordenado y compatibilizado. “Es una tarea ardua de buscar, leer, analizar y unificar los textos para que sepamos cuál es la normativa que se aplica. Es algo que no teníamos en San Miguel de Tucumán”, dijo el edil.

Mencionó que hace unos años solía estar disponible el Código de Planeamiento en el sitio web de la Municipalidad, pero que el mismo no reúne el total de las ordenanzas municipales. En definitiva, sintetizó: “Es como limpiar la normativa y dejar sobre la mesa sólo lo que se aplica; el resto queda para el archivo y para cuestiones de análisis histórico”.

La medida va en línea con el trabajo que se anunció el pasado marzo en la Legislatura de Tucumán, por el que se revisarán más de 4.000 leyes y escritos. El primer Digesto Jurídico que se realizó en la Provincia fue sancionado en 2009, durante el mandato del ex gobernador José Alperovich.

Mejorar la accesibilidad

El resto de los concejales también apreciaron la iniciativa. Entre ellos, el oficialista Vargas Aignasse valoró que esto permitirá dar “un acceso más fácil y ágil a todos los vecinos que quieran tomar conocimiento del plexo normativo vigente”. Y comentó que el próximo jueves la comisión especial se reunirá para definir su autoridad y la metodología de trabajo.

En tanto, Terán señaló que la elaboración del Digesto Jurídico es fundamental para combatir la “anarquía normativa” que existe en el municipio. “Hoy en día es muy difícil acceder a la información de cuáles son las ordenanzas vigentes. Ese desorden hace que tanto los operadores de las organizaciones como los vecinos tengan una dificultad muy grande para saber qué ordenanzas están vigentes y cómo encontrarlas”, fundamentó.

Agradeció, a su vez, su designación como parte de la comisión y aseguró: “Fui asesor, como abogado, en la comisión que redactó el Digesto de la Provincia. Entonces creo que puedo volcar la experiencia que tuve en esa actividad. El tema me parece realmente importante”.

También Romano Norri se comprometió a tratar con esta herramienta de “buscar una administración municipal más transparente, eficiente y accesible para todos los ciudadanos de San Miguel de Tucumán. “No dudo que su implementación promoverá una mayor participación ciudadana en la construcción de futuras políticas locales”, consideró.

El radical sostuvo que el Digesto representa “un avance significativo en la consolidación de la institucionalidad y la transparencia gubernamental”. “La digitalización de este sistema no solo facilitará la consulta remota a través de internet, sino que también contribuirá a una mejora en los temas jurídicos, promoverá la eficiencia en la gestión legislativa y fortalecerá las relaciones entre los diferentes interpoderes”, agregó.

Y es que además de formar parte de la comisión, Romano Norri ya elaboró un proyecto para el tratamiento del Digesto en el que se propone la digitalización del plexo normativo de forma ordenada, permanente y actualizada, con categorías de clasificación y búsqueda.

La alfarista González manifestó que la actualización de las normas vigentes y en desuso en la Capital es “una tarea crucial para mantener la relevancia y efectividad de las normativas locales”. “Esto garantiza que las leyes reflejen los cambios sociales, económicos y ambientales y se adapten a las necesidades actuales de la comunidad”, consideró.

Además, la edila planteó: “Sobre todo, la actualización periódica permite corregir posibles inconsistencias o lagunas legales, promoviendo así una administración más eficiente y justa”.